Los tentáculos del Tren de Aragua que amenazan a la PDI: Dos detectives integraban célula de la banda en Plaza de Armas

—Se la llevó la policía, ¿a dónde la van a dejar?

El 28 de noviembre del 2022, en el marco de un operativo en el casco histórico de Santiago para desbaratar el comercio sexual, funcionarios de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI detuvieron a una adolescente venezolana de 17 años de iniciales L.A.G.D., que estaba siendo explotada sexualmente en el Portal Fernández Concha.

Esa detención fue la primera hebra que permitió develar una compleja trama que involucra crimen organizado, trata de personas y corrupción policial. La adolescente rescatada en el operativo ejercía el comercio sexual bajo la coacción de una célula del Tren de Aragua, que incluso tras la detención seguía cuidadosamente sus pasos y sabía cada uno de sus movimientos.

Al día siguiente, cuando la menor de edad era trasladada al Juzgado de Familia, recibió una llamada. Decía ser su padre, pero tras notar su incomodidad, los funcionarios de la Bitrap solicitaron autorización para acceder al tráfico de llamadas del teléfono del supuesto familiar. Sin embargo, se percataron que dicho celular ya estaba intervenido en el marco de otra investigación.

Pertenecía a Yariel Ulloa López, ciudadano cubano que en la organización criminal cumplía el rol de captar a adolescentes y mujeres para ejercer la explotación sexual, además de promover el ingreso ilegal a Chile de víctimas que eran captadas en el exterior. En la revisión de su tráfico de llamadas saltaron dos nombres que sorprendieron a los investigadores: Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, funcionarios activos del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto y la Brigada de Robos Oriente de la PDI.

Es por eso que apenas L.A.G.D fue detenida por la Bitrap, Yariel Ulloa se comunicó inmediatamente con sus dos contactos al interior de la PDI para saber el paradero de la adolescente.

—Se la llevó la policía, ¿a dónde la van a dejar? —preguntó.

Sus gestiones dieron resultado: la organización criminal averiguó la dirección exacta de la residencia de acogida a la que fue destinada la adolescente por el tribunal de familia.

Una estrecha relación

Estaban en una fiesta de despedida. En las últimas semanas, Yariel Ulloa había alistado todo para mudarse a Estados Unidos, por eso el 15 de marzo pasado organizó una reunión en el piso 33 de su edificio ubicado en calle Morandé 696. Y uno de los invitados era precisamente Nicolás Ortega, funcionario de la PDI que mantenía estrechos vínculos con la organización criminal.

Mientras estaban en la despedida, funcionarios de la Bitrap allanaron el departamento y detuvieron a los implicados en la red de trata de personas. En total fueron cuatro detenciones, el ciudadano cubano, los dos funcionarios de la PDI y Aura Acosta Villalobos, colombiana que mantenía una empresa de fachada para lavar los ingresos de la trata de personas y cuya principal actividad era una peluquería instalada en el paseo Puente.

El 16 de marzo, la persecutora de la Fiscalía Centro Norte a cargo de la investigación, Carolina Suazo, imputó a los detenidos un total de cinco delitos: asociación ilícita, trata de personas, lavado de dinero, cohecho y soborno. Las pesquisas pudieron determinar que la organización criminal estaba compuesta por 13 personas, algunos de ellos están en prisión y otros mantienen órdenes de detención vigente.

Según explica la propia fiscal Suazo a Mega Investiga, el primer dato de que funcionarios de la PDI serían parte de la banda transnacional venezolana lo entregaron las víctimas.

“Manifestaron que dentro de la PDI había funcionarios que entregaban información al Tren de Aragua, eso lo que dijeron en forma textual y a propósito de eso es que se inicia una serie de diligencias vinculadas con aquella información”, señala la persecutora.

Y agrega: “Paralelamente también se obtienen antecedentes producto de una interceptación telefónica que es desarrollada en otra causa, en que precisamente uno de los tratantes se comunica con un imputado haciendo referencia a información que se solicita a uno de los funcionarios públicos involucrados, esto permite realizar ese seguimiento y finalmente establecer la participación de estos funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) como integrantes de la asociación criminal”.

Los cuatro detenidos se encuentran actualmente en prisión preventiva, mientras que los dos policías fueron desvinculados de la PDI tras conocerse los hechos, según se informó a través de un comunicado. “Por la gravedad de los hechos e independientemente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata”, señalaron.

No obstante, el comunicado formal de la policía civil omitió la vinculación de sus exfuncionarios con el Tren de Aragua y también su participación en el delito de trata de personas. Mega Investiga contactó a la PDI para tener una respuesta a la luz de estos nuevos antecedentes, pero la institución declinó entregar una versión.

Hasta el momento, la investigación de la Fiscalía Centro Norte ha acreditado que al menos desde octubre de 2021 hasta marzo de 2024, los funcionarios de investigaciones respondían a Yariel Ulloa –quien a su vez respondía a Lewis Ponce Ortiz, venezolano y líder de la célula– y advertían acerca de procedimientos policiales, los lugares donde se encontraban las víctimas y entregaban información sensible contenida en los sistemas de la PDI.

Pero no solo eso. A cambio de sus servicios, los funcionarios de la policía civil recibían dineros, especies y transferencias de otros integrantes de la organización criminal. Además, desde sus propias cuentas realizaban depósitos para “ocultar el origen ilícito del dinero recibido”.

La célula del Tren de Aragua —según los antecedentes recopilados— habría mantenido al menos 100 víctimas destinadas a la explotación sexual en la Plaza de Armas, utilizando edificios históricos como el Portal Fernández Concha u otros ubicados en calle Lira y Vicuña Mackenna.

La estructura

Cuando los integrantes de la banda tuvieron la dirección de la residencia a la que fue enviada la adolescente de iniciales L.A.G.D, enviaron a otras dos mujeres que también eran víctimas de trata a buscarla.

Dijeron que eran sus amigas y que la llevarían de vuelta con su familia. Pero el relato no convenció a los cuidadores y personal de la Bitrap detectó que ellas también correspondían a víctimas de la red de explotación sexual.

“Los integrantes de la organización consultan a los PDI qué es lo que va a ocurrir con esa víctima y saben perfectamente que va a ser derivada de una casa de acogida, indican cuál va a ser el procedimiento y lo que hace la organización teniendo acceso a esta información, es mandar a buscar por otras dos víctimas a la menor de edad donde había sido derivada. (...) Los tratantes sabían todo lo que iba a pasar”, remarca la fiscal Suazo.

Incluso, los tratantes mantenían armas de guerra –como una granada– en sus domicilios, que fueron sacadas del lugar tras las advertencias de los funcionarios PDI confabulados con la organización.

Según se expuso en la audiencia de formalización, la organización tenía una estructura jerárquica con roles definidos para cada uno de los integrantes, donde tres sujetos ejercían el liderazgo y la articulación de las operaciones. Uno de ellos, Luis Osal Rodríguez, coordinaba la llegada y distribución de las mujeres desde Santiago Uno, donde cumple prisión preventiva desde el 18 de julio de 2022.

Captaban víctimas tanto en Chile como en el extranjero, “aprovechando su situación de vulnerabilidad y en algunos casos además engañándolas en relación a las condiciones de pago de la multa que adquirían con los imputados, recibiendo la denominación de ‘multadas’”.

Esto es que los imputados cobraban a las víctimas una especie de impuesto que iba desde los $60.000 a los $80.000 semanales por concepto de ocupar el territorio y otros $50.000 por concepto de entrada a la Plaza, donde se encontraban “permanentemente vigiladas y controladas”.

A través de la empresa Inversiones Acosta S.A., constituida el 21 de octubre de 2021 por Yariel Ulloa López, los imputados lavaban el dinero que obtenían fruto de la explotación sexual de sus víctimas. El nombre de fantasía de la sociedad es Salón de Belleza Aura Limitada, una peluquería y barbería que era administrada por la imputada Aura Acosta y que tiene un local ubicado en el Paseo Puente, en la Plaza de Armas.

Otro mecanismo para el lavado de activos era la compra y venta de autos. Nicolás Peredo, exfuncionario de Policía Internacional Aeropuerto, luego de recibir parte del dinero que le correspondía, compró un Audi Modelo A4 en enero de este año.

Esta célula del Tren de Aragua también cobraba impuestos a otras bandas dedicadas al mismo “rubro” en la Plaza de Armas, como Los Orientales, con quienes tuvieron más de una disputa por el territorio.

“No solamente estamos hablando en concreto de un territorio, sino que también estamos hablando de –esto suena terrible, pero francamente es así– de quitadas, así como hablamos de quitadas de drogas, acá hablamos de quitadas de víctimas del contexto de trata, es decir quitadas de mujeres. Lo que provoca conflictos entre las organizaciones y eso es lo que genera que algunas de esas disputas terminen finalmente con homicidios”, explican desde el Ministerio Público.

Hasta ahora la investigación solo ha podido identificar a dos funcionarios que formarían parte de esta célula del Tren de Aragua, pero no se descarta que puedan aparecer otros policías vinculados a la organización a medida que avancen las diligencias pendientes.

Te puede interesar

Renuncia seremi de Transportes del Maule tras protagonizar accidente vehicular en estado de ebriedad

Director de liceo fue detenido por no dar matrícula a estudiante en Vallenar

Carabinero dispara a menor que lo amenazó con un arma en Quilpué: Viajaba en auto robado con otros adolescentes

“Lamentablemente hemos tenido otros casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en que también ha existido este componente de funcionarios públicos, incluso amenazas a víctimas, indicando los tratantes o los traficantes de migrantes que tienen estos vínculos con funcionarios públicos y por lo tanto constituye también una herramienta para amenazar a las víctimas, indicándole que no pueden contar la situación que están viviendo. Eso es bastante habitual, lo que lo que sí es bastante difícil es identificar a esos funcionarios. Generalmente eso es bastante complejo y difícil”, remarca la persecutora.