20 / 04 / 2020
Javier Couso – La Tercera
A raíz del coronavirus, la importancia de la salud en nuestras vidas se ha propagado en nuestro comportamiento social y sanitario y también en la economía y la política. La pandemia ha servido para reabrir el debate, a cara al plebiscito de octubre, de sí es necesario cambiar la forma en la que la actual Constitución la aborda. Re:Constitución consultó a constitucionalistas, políticos, exautoridades y trabajadores de la salud para exponer sus visiones al respecto.
El 17 de marzo, un día antes de declararse estado de catástrofe por el coronavirus, el diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson escribió en Twitter: “Probablemente en Salud es aquellos temas en los que más se nota lo ideológica de la Constitución actual, ya que camufla la salud para ricos y pobres en la ‘libertad’ de elegir un sistema que segrega”.
Hay quienes, como exministros del Tribunal Constitucional, (entre ellos, Raúl Bertelsen) que han dicho que cambiar la Constitución no ayudará a solucionar las demandas sociales, entre ellas, la modificación del sistema de salud, y que el modo sería a través de reformas legislativas. Las dos grandes protagonistas de las críticas son las isapres (sistema privado) y Fonasa (sistema público).
Hace unos días las isapres fueron cuestionadas al anunciar que los planes, de al menos siete entidades, iban a subir en promedio un 4,5% a partir de julio, de acuerdo al Gobierno eso afectaría a más de un 88% de los beneficiarios del sistema. El Ejecutivo calificó “inoportuno” el anuncio. La medida se postergó para tres meses después tras una reunión entre el Presidente Piñera y la asociación gremial.
El 8 de abril, por 21 votos a favor y 18 en contra, el Senado declaró inadmisible proyecto de ley que proponía suspender por un año el alza de las isapres. El argumento fue que se trataba de una moción inconstitucional: abordaba una materia relacionada a la seguridad social, exclusiva del Ejecutivo.
Fonasa, en la cual se encuentra la mayoría de los chilenos (según la Casen 2017, un 78% estaba en Fonasa) también ha sido foco de cuestionamientos. Un informe del Ministerio de Salud de enero de 2019 indicó que 42% de los pacientes de Fonasa inscritos para ser operados debía aguardar al menos un año para recibir tratamiento.
Público o privado: un dilema permanente
El constitucionalista Tomás Jordán, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado opina “la idea original (en la Constitución de 1980) era que el sistema privado (isapres) fuera el motor del sistema de salud. Tanto así que las leyes de salud, incluso de seguridad social, paralelamente, se dictan después de la dictación y entrada en vigor de la Constitución del 80”. Sin embargo, esto no ocurrió. Para respaldar este punto señala que el candidato presidencial Hernán Büchi tenía como uno de sus emblemas “Isapres para todos”.
La salud aparece en el capítulo tercero de la actual Constitución bajo el título El derecho a la protección de la salud. “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”.
Se agrega: “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
Jordán cree que en cualquier discusión constitucional sobre la salud “necesariamente va a girar en torno a si el sistema público tiene que ser el eje rector del sistema de salud, y no el privado, como se quería originalmente”.
Germán Concha, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile indica que la actual Carta Fundamental “consagra los elementos fundamentales del derecho a la protección de la salud. La regulación de detalle (en este caso, la configuración específica del sistema), dentro del marco que configura dichos elementos es tarea del Legislador. A menos que se pretendan alterar tales elementos fundamentales (por ejemplo, eliminar el derecho de las personas a elegir sistema de salud), no se requiere modificar la Constitución”.
Concha considera relevante la libre elección: “Garantiza la libertad de los usuarios (todos nosotros), de elegir qué sistema preferimos usar, y porque reconoce que los privados pueden participar en la provisión de bienes públicos”.
Javier Couso, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales indica que previo a la crisis social ya se ha debatido que aparezca como derecho fundamental “elegir que sea público o privado el sistema que va a proveer este servicio de seguridad social, que es la salud”.
Dice que está división pública-privada “haría imposible que Chile transitara hacia un sistema nacional de salud, público y único, como el que tiene Inglaterra, el National Health Service (NHS), que es, por ejemplo, dónde se atendió por covid-19 el primer ministro Boris Johnson”. Explica que no es que en Inglaterra no exista el sistema privado, “pero, la diferencia es que al sistema donde va este 7% -la cotización obligatoria de la salud-, por decirlo así, al que uno cotiza, es solamente público”.
El abogado constitucionalista Fernando Atria asegura que “la contingencia actual ha servido para ratificar todas las razones por las que el cambio constitucional era necesario. La emergencia sanitaria, por ejemplo, muestra la necesidad de un sistema de salud unificado, que trate a la salud como un derecho. Esta es una cuestión que ha sido constatada incluso por personas como Emmanuel Macron (Francia)”.
Atria, exmilitante del PS, opina que la libertad de elección del tipo de sistema implica dos cosas, “primero, que los sistemas de salud que existen en países como los europeos serían derecha mente inconstitucionales; segundo que el deber del Estado en materia de derechos sociales es asegurar las condiciones del mercado, no realizar derechos sociales”.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Diego Pardow explica que la Constitución chilena está enfocada en garantizar que exista un sistema privado de salud, “lo que es raro”, por lo tanto debiera ser modificado. Pero hace una acotación: “No creo que debiera pasarse para la otra punta y garantizar la preeminencia del sistema de salud público”.
Señala que, de haber una nueva Carta Fundamental, esta sólo debería enfocarse en garantizar el derecho de los ciudadanos a que el Estado mantenga un estándar mínimo de salud público. “Y nada más”.
La constitucionalista Miriam Henríquez, profesora de Derecho de la U. Alberto Hurtado, en una opinión en CIPER expresó: “La Constitución vigente privilegia a las instituciones privadas (isapres, AFPs) en la satisfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. De modo que no es posible modificar la legislación vigente que las regula sin cambiar antes la Constitución, no solo en el apartado de los derechos fundamentales sino en la propia concepción del rol del Estado respecto de la sociedad”.
El profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, opina que el coronavirus pone en evidencia lo necesario de cambiar la Carta actual. “Chile debería contar con un sistema universal de salud, financiado con fondos públicos y cotizaciones individuales. Si sobre eso hay personas que libremente quieran contratar seguros complementarios, bienvenido”.
En enero de este año el Presidente Piñera presentó el proyecto para reformar Fonasa. La iniciativa busca crear un plan de salud universal, garantizar tiempos máximos de espera para el tratamiento de una enfermedad y reducir el precio de los medicamentos. A través de una carta, la iniciativa fue cuestionada por Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS), y Catalina Pérez (RD) que señalaron que iba en contra de lo levantado por el movimiento social. El proyecto sigue en trámite, pero a mediados de marzo fue rechazado por la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Juan Luis Castro, diputado socialista, médico cirujano, integrante de la comisión de Salud de la Cámara baja, afirma: “Los grandes problemas que tienen millones de chilenos, que hoy día están en Fonasa, que son más de 13 millones, están radicados en las listas de espera, en el acceso a especialistas, y en la dificultad para el pago de sus atenciones que muchas veces no están definidas por el mismo Fonasa. En el mundo privado la barrera es el precio de las prestaciones y el abuso y la desigualdad de las condiciones”.
El legislador asegura que “en la actual Constitución el derecho a salud no tiene una plena garantía. Es decir, se habla del derecho a la protección de la salud, pero nada hay sobre el derecho al acceso a la atención de salud y a la cobertura de la atención de salud”.